El Vietnam de Nadal
Si un economista extraterreste cayera en España y le explicáramos el mercado eléctrico, se sorprendería. A primera vista hay un enorme exceso de capacidad para producirla, así que la electricidad debería ser barata, pero no es así. Ya que España es un país que no tiene petróleo, debería huir de este tipo de energía. Pues tampoco. Si le contáramos que se ha decidido apostar por una tecnología nueva, pero favoreciendo que la desarrollen otros y primándola irracionalmente, se burlaría. Por último, si le dijéramos que lo que llamamos costes regulados no son tales y en realidad son impuestos, primas y otros conceptos, nos dejaría por imposibles.
Este es el Vietnam al que se enfrenta Alberto Nadal, el secretario de Estado de Energía. Tras el fracaso de su jefe, el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien no consiguió resolver ni el problema del déficit de tarifa ni sentar las bases de un pacto energético, el Gobierno ha dejado en manos de este economista, hermano del principal consejero económico de Rajoy, Álvaro Nadal, la tarea de resolver el puzzle.
El asunto es de enorme complejidad. Sobre todo porque el intervencionismo estatal ha llegado al paroxismo. En el mundo de la electricidad se utiliza el doublespeak, el famoso lenguaje de Orwell. Se llama costes a lo que no lo es y se dice que se ha liberalizado lo que se ha atado en corto. Así, la electricidad es un infierno.
Tan caótica es la situación que el Gobierno ha prorrogado la vida de una central nuclear, pero ha puesto tantos impuestos al sector que a los empresarios les sale más beneficioso cerrarla. Hoy importamos más carbón, porque ha bajado mucho su precio. La tonelada está a 60 euros. En España, producirlo nos cuesta 290 euros la tonelada.
¿Qué debería hacer Nadal para no fracasar en el juego de intereses que hay aquí? La respuesta es utilizar una lógica cartesiana en el presente y valerse de manera flexible de la cuarta dimensión de la Física: el tiempo.
Un sabio me dice lo que él haría: «Me sentaría con las renovables y les diría que la realidad es la que es, que deseamos mantenerlas en el mix, pero no a cualquier precio. Reescalonaría sus primas en el tiempo. Después, me sentaría con las eléctricas tradicionales que tienen el colmillo muy retorcido. Pero me fijaría en dos cosas: en salvaguardar la distribución y mantener los ciclos combinados. En tercer lugar, hablaría con los consumidores: esto hay que pagarlo. Con la subida del IPC cada año se asegura la sostenibilidad del sistema. Por último, anunciaría que los impuestos desaparecerán en algún momento de manera que los auditores puedan contabilizarlos como un crédito fiscal a partir de cierta fecha».
El gran problema son las renovables. Este año sumarán 3.000 millones al déficit de tarifa. Hay intereses estratégicos detrás. Pero en realidad, el negocio crítico, básicamente el fotovoltaico y el termosolar, no implica más de 9.000 millones invertidos. Imaginemos una medida extrema: que el Gobierno expropiara estas empresas. Al ritmo que crece actualmente el déficit, en tres años se pagarían las inversiones y los costes incurridos. Lo cierto es que lo que realmente está poniendo en peligro la seguridad jurídica del sistema es un modelo insostenible.
john.muller@elmundo.es